NUESTRO CONTEXTO
Entorno Económico 2021
El 2021 fue un año marcado por la incertidumbre asociada a la evolución de la pandemia, el origen de nuevas variantes y olas de contagios, la crisis energética y las disrupciones en las cadenas globales de suministro. Sin embargo, la economía mundial mostró resiliencia ante las adversidades presentadas a lo largo del año y se enmarcó en un importante proceso de recuperación, en el cual la campaña de vacunación en gran parte del mundo jugó un papel importante, debido a que llevó al cese de las medidas de contención y al retorno de las actividades golpeadas a nivel mundial un año atrás.
La economía estadounidense registró una fuerte recuperación en 2021, después de experimentar una contracción de 3,4 % en 2020. Esta recuperación estuvo impulsada por la reapertura de actividades y por el apoyo fiscal que generó un estímulo en la economía a través del aumento del consumo privado. Lo anterior fue posible gracias a la ambiciosa campaña de vacunación, que comenzó en diciembre de 2020. No obstante, la alta tasa inflacionaria, provocada principalmente por los atascos en las cadenas de suministro y la crisis energética, frenó parcialmente el crecimiento económico del país y aumentó la preocupación de los consumidores al ver cuanto disminuía su poder adquisitivo.Durante 2021, el precio promedio internacional del petróleo Brent incrementó 63,5 % frente al año anterior. El alza en los precios del petróleo se debió al cumplimiento en el recorte de la OPEP+ y el avance en el proceso de vacunación contra el Covid-19, el cual ha llevado a un aumento en la demanda por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y China.
Bajo este contexto internacional, la moneda colombiana cerró en $.3.981, es decir, una devaluación del 15,98 % con respecto al cierre de 2020. Este comportamiento se explica por la alta inflación a nivel mundial, una crisis energética más profunda, el cambio de las expectativas de un posible aumento en las tasas por parte de la FED y el aumento de la prima de riesgo país a nivel local en medio de una incertidumbre sociopolítica, lo cual incidió en la consecuente pérdida del grado de inversión por parte de Standard & Poor’s y Fitch Ratings a mitad de año.
La economía colombiana presentó un crecimiento del 9,7% durante el 2021, el cual se dio principalmente por la reactivación de la economía, que evidenció un incremento en la demanda interna debido a un buen comportamiento en materia de consumo de los hogares. El crecimiento económico en Colombia pudo ser superior, sin embargo, las restricciones a la movilidad y el paro nacional redujeron su velocidad de recuperación.
Durante 2021, el mundo enfrentó un fenómeno inflacionario y Colombia no fue ajena a esta situación, pues registró una inflación de 5,62 %, porcentaje que estuvo por encima del rango meta del Banco de la República. Este aumento inflacionario obedeció a factores como la crisis de los contenedores y las disrupciones en las cadenas de suministro, altos precios de los ‘commodities’, la escasez de semiconductores, y un exceso de demanda a causa de ahorros acumulados en 2020.
En el frente fiscal, en 2021 entró en vigor el Proyecto de Inversión Social en vista de la necesidad adicional de ingresos estructurales que el país requiere para disminuir los altos niveles de déficit generados por la crisis económica, y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. Si bien esta reforma no era la técnicamente deseable, sí fue la políticamente posible luego del retiro del fallido Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible. Por otro lado, las cuentas fiscales observadas han reflejado una importante recuperación en línea con el mayor recaudo tributario vía crecimiento económico.
La pandemia continúa afectando la economía mundial debido a la disparidad en la distribución de las vacunas y al aumento en los contagios por las nuevas variantes de Covid-19, lo cual está provocando que los países vuelvan a implementar restricciones de movilidad. Lo más probable es que la situación presentada en el inicio del año afecte la actividad económica en el corto plazo. Sin embargo, se espera que continúe un proceso de recuperación a un ritmo progresivo, con menor enfoque en el consumo y más inversiones y exportaciones.
Se espera que en 2022 el precio del petróleo esté por debajo de los precios experimentados en 2021, en un contexto de sobreoferta de petróleo en el que la OPEP+ y EE.UU. deciden aumentar su producción, teniendo en cuenta la tendencia al alza en la demanda mundial de crudo.
La expectativa de crecimiento económico para Colombia es de 4,6% en 2022, esto será posible gracias a un buen comportamiento en el consumo de los hogares, mayores inversiones, y condiciones financieras globales más ajustadas. Sin embargo, la entrada de la reforma tributaria y nuevas cepas de Covid-19 podrían ralentizar la recuperación económica en 2022. En cuanto a la inflación, se prevé que se mantenga por encima de la meta propuesta por el Banco de la República durante todo 2022. Esta presión inflacionaria es resultado de los siguientes factores: la transmisión paulatina y rezagada del incremento de los costos sobre los precios finales, la alta indexación de componentes importantes del IPC y un aumento del 10% del salario mínimo para 2022. En particular, se espera una elevada inflación durante la primera parte del año, la cual alcanzaría su pico en el tercer trimestre y se vería reducida gradualmente a finales de año, principalmente debido a tasas de intervención contractivas por parte del Banco de la República.
Con respecto a la tasa de cambio, se tiene una perspectiva alcista para inicios de 2022 debido a la pérdida del grado de inversión, la incertidumbre política por elecciones presidenciales, la disminución de precios del petróleo debido a un aumento en la oferta por parte de países no pertenecientes a la OPEP, y la apreciación del dólar a nivel mundial por recortes del programa de estímulo monetario por parte de la FED.
Teniendo en cuenta lo anterior, se prevé que el dólar fluctué alrededor de los $ 3.850 y $ 4.000 en el primer semestre del año, con una menor volatilidad y una tendencia bajista para el final de 2022, cuando se situará a $3.710 y $3.750.
El Proyecto de Ley de Inversión Social es una parte fundamental de la estrategia fiscal contemplada para 2022, en la medida en que permitiría la continuidad de las políticas expansionistas y de ingresos adicionales para su financiación.
Este proyecto de ley de Inversión Social garantizaría la continuidad de ciertos programas de gasto social y de reactivación para 2022, con el objetivo de reducir la incidencia de la pobreza a niveles cercanos a los observados antes de la pandemia, y sostener el proceso de recuperación económica.
El consumo del sector residencial aumentó gracias al crecimiento penetración en nuevas poblaciones que se han mantenido en los últimos años. Debido a que los vehículos han tenido una conversión a GNVC, para este escenario se espera que el consumo de estos se mantenga e, incluso, que llegue a disminuir levemente debido a los cambios en las dinámicas comerciales que se presentaron a raíz de la pandemia.
Para el sector industrial en los años de 2021 a 2025, se espera que el consumo aumente en cierta medida, teniendo presente la entrada en funcionamiento de la central de Hidroituango y de los proyectos de transmisión que alivian generación de seguridad con centrales térmicas.
Debido a los diferentes consumos que se presentaron a nivel sectorial tanto en gas natural como en energías termoeléctricas, destacamos los siguientes aspectos sectoriales que tienen una incidencia en nuestra operación:
En julio de 2021,
se sancionó la Ley 2099, por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de transición energética, la dinamización del mercado energético y la reactivación económica. Con esta ley, se busca fortalecer la Ley 1715 de 2014 sobre fuentes no convencionales de energía, mediante la inclusión de aspectos como almacenamiento de energía e hidrógeno verde y azul, y la ampliación del ámbito de aplicación hacia los servicios públicos domiciliarios, alumbrado público y medición inteligente, entre otros. Así también se extendieron los beneficios tributarios de la Ley 1715 a la eficiencia energética, la medición inteligente e hidrógeno verde y azul y el fortalecimiento del Fenoge. Adicionalmente, se dictan otras disposiciones en materia de movilidad, captura de carbono y fondos energéticos, entre otros.
En agosto de 2021,
se sancionó la Ley 2128, la cual busca garantizar el abastecimiento y la confiabilidad del suministro de gas combustible, así como también promover su continuidad y cobertura en el país. Se destacan el programa de sustitución de leña y de generación de energía eléctrica utilizando este energético. En materia de movilidad, se declara de interés nacional la masificación del uso del gas combustible. Para esto se definen incentivos, como descuentos en costos asociados al vehículo y eliminación de requerimientos y restricciones. Adicionalmente, se establece un porcentaje de participación mínimo de flota a gas combustible.
En Perú,
mediante el Decreto Supremo 004-2021-EM, se modificó el reglamento del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Con este ajuste, entre otros aspectos, se buscó ampliar el alcance a usuarios regulados y sistemas o medios de distribución o transporte de GN, pues anteriormente solo hacía referencia a usuarios residenciales y conversiones a GNV. Adicionalmente, se establece que usuarios residenciales de planes de conexiones dentro de los compromisos contractuales de las concesiones podrán beneficiarse con el fondo. Por último, establece que el FISE podrá utilizarse para nuevas inversiones (CAPEX), cuyos valores no serían considerados para efectos de cálculos tarifarios.
Contexto regulatorio
Debido a que el sector de gas natural y energía debe ser regulado por una entidad para asegurar la prestación del servicio de manera óptima a los usuarios, se aprobó la Ley 142 de 1994, que enmarca y define los servicios públicos domiciliarios en Colombia, incluyendo energía eléctrica y gas natural. De esta norma se desprende la creación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, cuya función principal es la de reglamentar las actividades que conformen las cadenas de gas natural y energía eléctrica en el país, y, asimismo, se define que la supervisión y control están a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Por su parte, el diseño y definición de la política pública en materia energética está en cabeza del Ministerio de Minas y Energía y la planeación del sector la realiza la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME.
Durante la evolución de la pandemia, tanto la CREG como el Ministerio de Minas y Energía han emitido la siguiente normatividad para comercializar, prestar y cobrar de manera adecuada la prestación de los servicios.
1. Transporte de gas:
Tasa de descuento de actividades reguladas: en febrero, por medio de la Resolución 004 de 2021, la CREG publicó en firme el procedimiento para el cálculo de la tasa de descuento regulada para transporte y distribución de gas, así como para otras actividades de la cadena de energía eléctrica. Con la resolución 103 de octubre de 2021 se establece que la tasa de descuento de la actividad de transporte es de 10,94 % en pesos reales antes de impuestos. En el primer trimestre de 2022 se espera la actualización de dicha tasa para dar aplicación a la tasa de impuesto de renta vigente.
Procesos de vida útil normativa: En octubre, la CREG resuelve de manera adecuada los procesos de vida útil normativa pendientes de los activos de Promigas y filiales:
- Reconoció como valor a nuevo el 100 % de los valores del perito.
- Ratificó el 60 % del valor a nuevo para los activos que se mantienen en operación.
- Se espera actualización de tarifa durante el primer semestre de 2022.
Plan de Abastecimiento de Gas Natural: En octubre, mediante la Resolución 330 de 2021, la UPME definió los proyectos prioritarios del Plan de Abastecimiento de Gas Natural, dentro de los que se encuentra la bidireccionalidad entre Barranquilla y Ballena, embebida en el sistema de transporte de Promigas. Otro de los proyectos es la interconexión del tramo La Mami-Ballena de propiedad de Promigas y Ballena-Barranca de propiedad de TGI.
Promigas presentó a la UPME y a la CREG la solicitud tarifaria para dichas inversiones en enero de 2022. Se espera su aprobación en el primer semestre de 2022.
Metodología tarifaria de transporte: en noviembre de 2021, la CREG, mediante la Resolución 175 de 2021 publicó la metodología de transporte de gas natural, por la cual se establecen los criterios generales para la remuneración del servicio de transporte de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional de Transporte para el próximo quinquenio.
Aspectos generales:
-
Transportadoras deben presentar sus solicitudes tarifarias en febrero de 2022.
- Actualización de cargos por etapas. A partir del primero de junio se actualizan las tarifas con la tasa de costo de capital, y la moneda de los cargos pasan de dólares a pesos.
- Para la segunda etapa, el transportador podrá solicitar cambios en la configuración de los tramos. Se actualizaron las variables de inversión, AOM y demanda.
- Incluye metodología de cálculo del ingreso regulado para proyectos del Plan de Abastecimiento.
- Cada dos años podrán realizarse revisiones tarifarias para inclusión de nuevas inversiones.
Propuestas de nuevo esquema de transporte 2026: en diciembre la CREG publicó estudio realizado por Brattle Group sobre el esquema propuesto para el transporte de gas en Colombia a partir del año 2026. El consultor recomienda un esquema Entry-Exit.
- Según Brattle Group dicho esquema podría convivir con modelos de planeación central o iniciativa privada y con modelos de ingreso regulado o tarifas máximas.
- La definición del mejor escenario para la elección del esquema continuará en discusión entre todos los agentes del mercado durante 2022.
2. Distribución de Gas Natural:
Dentro de las funciones que ejerce la CREG, está la definición de las tarifas reguladas de distribución y comercialización minorista de gas natural. La Resolución 202 de 2013 establece la metodología de remuneración de la actividad de distribución de gas natural que se encuentra vigente. Mediante la Circular 034 de 2017, la Comisión dispuso que las empresas podían solicitar cargos transitorios de distribución de gas, los cuales son aplicados actualmente por nuestras compañías. Posteriormente, la CREG publicó las resoluciones 090 de 2018, 132 de 2018 y 011 de 2020, gracias a las cuales se realizaron modificaciones a la metodología establecida en la Resolución 202 de 2013, y mediante la Circular 107 de 2018 se les permitió a las compañías manifestar su intención de mantener los cargos transitorios o solicitar cargos definitivos de distribución. Una vez definida la intención de cargos definitivos, mediante la Circular 062 de 2020, modificada mediante la Circular 068 de 2020, la Comisión estableció el cronograma para que las compañías presentaran sus solicitudes a nuevos cargos, los cuales tenían como fecha límite el primero de septiembre del mismo año. Actualmente, la Comisión se encuentra adelantando las actuaciones administrativas, con el fin de aprobar los nuevos cargos de distribución de gas natural, para lo cual, durante 2021, se han requerido distintos autos de pruebas a la compañía, y se espera que en 2022 se publiquen las resoluciones particulares.
En cuanto a la actividad de comercialización minorista, los cargos vigentes corresponden a los definidos bajo la metodología contenida en la Resolución 011 de 2003. Durante 2021, a través de las resoluciones 220 de 2020 y 147 de 2021, la Comisión publicó para comentarios la nueva metodología de comercialización minorista. De esta propuesta, se destaca la definición de un cargo fijo que reconocería lo relacionado a los gastos AOM e inversiones de las compañías y de un cargo variable, el cual reconocería un margen operacional, un riesgo de cartera y un costo financiero, entre otros. Se espera que el primer semestre de 2022 se publique la metodología definitiva para la actividad de comercialización de gas natural.
3. Distribución de energía eléctrica:
Para la actividad de distribución de energía eléctrica, la CREG definió la actual metodología, mediante la Resolución 015 de 2018. Durante 2019, la Comisión aprobó los ingresos de los OR para el siguiente periodo tarifario, que para el caso de CEO se establecieron en la Resolución 141 de 2019.
En cuanto a la metodología de comercialización, los cargos actuales están definidos conforme a lo establecido en la Resolución 180 de 2014. Se espera que en 2022 se defina la nueva metodología de comercialización, teniendo en cuenta que ya se cumplió el periodo tarifario de cinco años.
4. Distribución de Gas Natural Perú
La política pública relacionada con el sector del gas natural en Perú se encuentra en cabeza del Ministerio de Energía y Minas, y, a su vez, la regulación y supervisión se encuentra delegada en el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Osinergmin, el cual define las tarifas a aplicar por los distribuidores de gas natural.
La distribución de gas natural se realiza mediante contratos de concesión por periodos de máximo 60 años, para áreas delimitadas. Una vez cumplido el plazo, las compañías deberán entregar los activos de la concesión al Estado. La actividad se reglamenta a través del Decreto Supremo 40-2008-EM y cada contrato de concesión define las características que aplican particularmente para la realización de la actividad de distribución de gas natural.
Las tarifas de distribución para las concesiones se encuentran definidas inicialmente por un periodo de ocho años, y, a partir de ahí, cada cuatro años deben pasar por un proceso de actualización ante el regulador. Tanto Quavii como GasNorp se encuentran dentro del primer periodo tarifario de ocho años. Por su parte, Cálidda ya superó esta etapa, por lo cual cada cuatro años ha venido realizando el proceso de actualización de su tarifa. Actualmente, el periodo vigente comprende de 2018 a 2022, por lo cual en 2021 la compañía inició el trámite de actualización con la presentación de su Plan Quinquenal de Inversiones y la solicitud tarifaria, que va hasta la publicación de la tarifa definitiva por parte del regulador, la cual será aplicada por la compañía desde mayo de 2022.
